Cerca de 100 mil personas fueron víctimas de desaparición forzada en los últimos sesenta años en Colombia. Durante casi una década, la fotógrafa Viviana Peretti retrató la violencia, la impunidad y el pedido de justicia que marcaron a todo un territorio.
La desaparición forzada es un crimen que ha marcado ya varias décadas de la historia de Colombia. Su esencia es la impunidad. No hay cuerpo ni motivo y, por lo tanto, no hay culpable. Es un crimen silencioso, casi invisible, alejado del imaginario espectacular y sangriento de cualquier conflicto armado. La mayoría de los desaparecidos han sido arrojados a fosas comunes anónimas, ríos, trapiches de caña y hornos crematorios. Alrededor de 100.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada en los últimos sesenta años en Colombia, tres veces más que las víctimas de este mismo crimen en el Cono Sur durante la época de las dictaduras. Nueve de cada diez personas siguen desaparecidas en la actualidad. Además, se trata de una práctica sistemática que, incluso hoy, agrega números a esta cifra.
Así comienza el texto de presentación que acompaña la serie de fotos A portrait of absence, de la fotógrafa italiana Viviana Peretti (Frascati, 1972), que acaba de recibir una mención de honor en la edición 2022 del prestigioso premio de fotografía World Press Photo. Su autora viajó durante los últimos nueve años por Colombia para retratar las secuelas y las heridas que se esconden detrás de uno de los mecanismos más perversos y representativos de la violencia latinoamericana, en especial en un país marcado por un conflicto armado que, a pesar de llevar más de seis décadas de forma ininterrumpida, se encuentra todavía bajo un manto de silencio y complicidad.
Tumba en el cementerio central de Florencia, capital del departamento de Caquetá, en el sur de Colombia. Históricamente, el Caquetá ha sido una región dominada por grupos armados ilegales que controlan la producción y el tráfico de drogas. Una zona de disputa entre los grupos paramilitares y la guerrilla que han transformado la región en una de las más violentas de Colombia. Florencia, región del Caquetá, Colombia, octubre 2014.
A continuación, el texto completo y las fotos de la serie A portrait of absence:
La desaparición forzada se convirtió en una de las estrategias más eficaces de ejercer poder. Es el mecanismo oculto de una compleja guerra de baja intensidad relacionada con el control territorial, los cultivos ilícitos y los megaproyectos económicos (desde los hidrocarburos hasta las represas, la agroindustria y el turismo). El objetivo ha sido borrar cualquier oposición política, y borrar, también, las huellas de los perpetradores (agentes del Estado, miembros de grupos paramilitares y guerrilleros, políticos y civiles que se han beneficiado de esa guerra).
Restos óseos almacenados en la Escuela Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses (ENAC), en Medellín, Antioquia, Colombia. Medellín, región de Antioquia, Colombia, enero 2017.
Los restos de un cuerpo exhumado durante la búsqueda de víctimas de la Operación Orión yacen en el Jardín Cementerio Universal, en Medellín, Colombia. La Operación Orión fue una acción de las fuerzas de seguridad contra la guerrilla urbana de Medellín en 2002. Las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil afirman que fue una operación conjunta entre las fuerzas del Estado y los paramilitares. Los cuerpos de varias personas muertas en la operación fueron enterrados, sin registrar, en fosas comunes en el cementerio. Tras dos semanas de excavaciones, un equipo de forenses encontró dos de los nueve cuerpos que buscaban. Ambos fueron enterrados en fosas comunes. También encontraron los restos de otras 14 personas registradas como desaparecidas en otros pueblos de la región. Medellín, región de Antioquia, Colombia, julio 2016.
La desaparición forzada, aun así, ha dejado rastros en el territorio y en la emoción colectiva. Estas fotografías recogen fragmentos visuales del crimen en una Colombia cuyo paisaje —y correspondiente atmósfera— ha devenido en fosa común. En ellas se muestran los altares que muchas familias han construido en sus casas mientras esperan a que sus seres queridos regresen; las marchas e intervenciones urbanas promovidas por los familiares de los desaparecidos para exigir justicia; y algunas prospecciones del Plan Cementerio, implementado por las autoridades colombianas para exhumar e identificar a miles de colombianos enterrados en cementerios de todo el país, porque durante décadas fue justo ahí —en las tierras destinadas al entierro— que entre muertos legales se escondieron a los cuerpos de las víctimas de crímenes extrajudiciales.
Un transeúnte observa la fotografía de una persona desaparecida durante una protesta contra la desaparición forzada en Bogotá, Colombia. La protesta fue organizada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en el Día Internacional de los Desaparecidos, que se conmemora cada año el 30 de agosto. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, agosto 2017.
Los restos de un cuerpo exhumado en el Jardín Cementerio Universal durante la búsqueda de víctimas de la Operación Orión –una acción militar contra la guerrilla urbana de Medellín en 2002– yacen listos para ser transportados a un laboratorio forense para ser identificados. Los cuerpos de varias personas muertas en la operación fueron enterrados, sin registrar, en fosas comunes en el cementerio. Tras dos semanas de excavaciones, un equipo de forenses encontró dos de los nueve cuerpos que buscaban. Medellín, región de Antioquia, Colombia, julio 2016.
Doña Analigia lleva un vestido que le regaló su hijo Roberto Antonio, antes de que fuera desaparecido forzosamente hace 16 años, a la edad de 25. Doña Analigia y la asociación a la que pertenece, Madres de la Candelaria, que ayuda a las personas a rastrear lo que ha sucedido con los desaparecidos forzosos, dicen que Roberto Antonio fue torturado y asesinado por los paramilitares en el pueblo de Toldas de Peque, en Antioquia. Medellín, región de Antioquia, Colombia, julio de 2016.
El conjunto de estas fotografías fue tomado a lo largo de nueve años y evoca las marcas estéticas —perversamente estéticas— de un crimen que se ha instalado en el territorio y que lo ha fragmentado. Cada imagen, como pieza de un rompecabezas, intenta reconstruir la piel de un gran cuerpo sufriente que encarna, sobre todo, la frustración de un imposible, que es homenajear, visualmente, lo que es invisible: la ausencia de cien mil personas.
Nombres rayados en una pared del cementerio del Sur en Bogotá. Durante décadas, este cementerio recibió los restos de muchas víctimas de crímenes extrajudiciales enterrados en fosas comunes anónimas, evitando así cualquier posibilidad de ser encontrados y de que los responsables fueran juzgados. Una forma de imponer una segunda desaparición y victimización. En 1985, el Instituto de Medicina Legal enterró 36 cuerpos en una fosa común de este cementerio, por orden de un juez Penal Militar. Entre los enterrados había varias víctimas del holocausto del Palacio de Justicia. Sólo en 1998, 13 años después del asedio al Palacio, se empezaron a examinar los restos. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, agosto 2017
Un detalle de la escultura del artista colombiano Teófilo Hernández, el «Árbol de la Memoria de los Mártires», que se encuentra en los jardines del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR) en Bogotá. El centro se dedica a la conmemoración de las víctimas de las violaciones cometidas durante el conflicto interno de Colombia, la reparación y la investigación de la verdad. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, agosto 2015.
Suéter cuelga de un cable en la Comuna 13 de Medellín. La Comuna 13 ha sido el barrio más violento de la capital de la región de Antioquia. Hace años, la poderosa banda criminal de los Urabeños se ha instalado en un territorio anteriormente controlado por los grupos paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Medellín, región de Antioquia, Colombia, julio 2016.
Siluetas de cuerpos dibujadas en las calles de Bogotá en protesta por el llamado escándalo de los «falsos positivos», en el que las fuerzas de seguridad, para recibir ascensos u otros beneficios, atraían a personas vulnerables a zonas remotas con la oferta de trabajo, las mataban y las hacían pasar por guerrilleros muertos en combate. Según un relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, los ejemplos de este tipo de asesinatos se remontan a la década de 1980, aunque casi el 80% de ellos tuvieron lugar entre 2000 y 2008. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) registra que 6.402 personas fueron asesinadas de esta manera sólo entre 2002 y 2008 durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, junio 2021.
Un transeúnte observa fotos relacionadas con el conflicto interno de Colombia, en una exposición callejera en Bogotá. En los últimos sesenta años, el conflicto ha provocado alrededor de 260.000 muertes, el 80 por ciento de las cuales son civiles, según el Grupo de Memoria Histórica (GMH). Millones de colombianos –alrededor del 15 por ciento de la población– han sido desplazados. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, enero de 2013.El Páramo de Sumapaz, un parque natural cerca de Bogotá considerado el mayor ecosistema de páramo del mundo, fue utilizado por los grupos guerrilleros como corredor para el tráfico de armas y el transporte de víctimas de secuestro, y por varios actores armados como lugar de enterramiento de los desaparecidos forzosos. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, julio 2017.
