De archivos, cinematecas, fototecas y más sueños frustrados

Si les lectores han viajado por Sudamérica quizás habrán notado que la mayoría de estos países cuentan con cinematecas, fototecas y hasta audiotecas que resguardan y difunden la producción fotográfica, sonora y audiovisual local. ¿Cuál es la situación en Argentina? La respuesta es por demás frustrante: la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional (CINAIN), creada en 1999 por iniciativa del entonces diputado Fernando “Pino” Solanas, existe solo en la letra de decretos y convenios. Tampoco hay nada similar a una fototeca de envergadura nacional, ni audiotecas por fuera de las colecciones de la Biblioteca Nacional y algunos pocos institutos especializados. Tanto investigadores en humanidades y ciencias sociales como productores audiovisuales se encuentran una y otra vez con que los fondos de su interés no están disponibles para la consulta pública o que sus instrumentos descriptivos (catálogos, inventarios, etc.), si es que existen, son ineficientes, poco claros, o se encuentran desactualizados. Con este panorama, pretender que estos fondos y colecciones se encuentren digitalizados y sean accesibles en internet es directamente del orden de la fantasía y la ciencia ficción.

Las dificultades para el acceso público están estrechamente vinculadas con una falta general de políticas públicas archivísticas y de preservación del patrimonio documental que sean capaces de impulsar proyectos de descripción, conservación y difusión por parte de diferentes actores, públicos y privados. En otros países existen Fundaciones (públicas y privadas o mixtas) o simplemente Leyes generales de Archivos o lo que se denomina “Sistema Nacional de Archivos”, que sirven para vincular instituciones en distintos niveles de gestión, unificar la normativa y las buenas prácticas de gestión documental y garantizar la triple función social de los archivos: garantes de la memoria histórica, de la memoria de cada institución y, en especial, responsables de una variedad de derechos, principalmente los derechos humanos, el derecho al acceso a la información pública -a la documentación producida por el Estado-, y al patrimonio documental en general.

Los pocos esfuerzos para la preservación del patrimonio documental son realizados por individuos nutridos casi exclusivamente por buena voluntad y vocación.

 

 

La Argentina cuenta con dos importantes instituciones que podrían tener este rol rector: la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación (AGN). Es necesario precisar que entre ellas hay diferencias significativas en cuanto a su presupuesto, la cantidad de trabajadores y también a su valoración simbólica. Mientras que la Biblioteca Nacional, cuyos directivos son siempre referentes públicos de la cultura y la política, maneja un abultado presupuesto propio que le permitió crecer, tener un catálogo en línea y crear áreas especializadas de Archivo, Hemeroteca, Fototeca y Mediateca, el AGN, en cambio, depende de las magras partidas que le otorga el Ministerio del Interior, cuenta con escaso personal para su titánica tarea y tiene un retraso de muchísimas décadas en los aspectos más relevantes de la gestión de fondos y colecciones. Situación insólita para una institución que resguarda algo tan importante como la memoria estatal y los derechos de sus ciudadanes. Las pocas iniciativas que han mejorado su acervo y modernizado sus auxiliares descriptivos, así como su vínculo con los demás archivos estatales, han nacido de la vocación de sus trabajadores precarizades y no de políticas públicas específicas o de planificaciones integrales. Por su parte, la Biblioteca Nacional tuvo y tiene iniciativas institucionales interesantes para la difusión de conocimientos bibliotecológicos y archivísticos, como la organización de conferencias, jornadas y talleres. Sin embargo, no disponen de fondos para la concreción de proyectos por fuera de la institución.

Horacio Tarcus, historiador y director del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, señaló recientemente el contraste entre el interés que hay en Argentina por conocer y debatir los sentidos del pasado histórico, y el desinterés con el que se abandona a su suerte las fuentes documentales de donde se nutre la investigación histórica. No es exagerado, entonces, afirmar que en Argentina los pocos esfuerzos para la preservación del patrimonio documental -en cualquier soporte- son realizados, espasmódicamente y sin una real coordinación o guía estatal, por individuos nutridos casi exclusivamente por buena voluntad y vocación. Esto es una cruda realidad para los repositorios fotográficos y audiovisuales: la mayoría de ellos le debe su existencia casi exclusivamente al coleccionismo. Allí aparecen nombres como los de Sara Facio, Abel Alexander, Miguel Ángel Cuarterolo, Fernando Martín Peña y Fabio Manes, quienes resguardaron colecciones de enorme valor aunque con diversa suerte en cuanto al apoyo estatal para su preservación y acceso público. También en los últimos años, desde la sociedad civil, surgieron proyectos autogestionados como el rescate del material de Foto Estudio Luisita y el Archivo de la Memoria Trans.

Por último es importante subrayar que la digitalización y puesta online de estos materiales, tan reclamada por la sociedad en la actualidad, es nada más que el final de un largo proceso que precisa de financiamiento sostenido y personal con conocimientos técnicos. Estos pasos previos e ineludibles son: la elaboración de inventarios y catálogos, la estabilización del material desde la conservación preventiva y la planificación de la conservación digital a largo plazo. Por experiencia propia sé que hay toda una nueva generación dispuesta a hacerlo, pero falta la toma de conciencia social de su importancia y el necesario apoyo económico por parte del sistema científico y los diferentes niveles del Estado para concretarlo.

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(Tucumán, 1985). Archivista e historiadora (UNT - UNSAM). Especialista en colecciones gráficas y fotográficas.

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